¿Cuál es el artículo 155 de la Constitución de España y su relación con la situación de Catalunya?


Artículo originalmente publicado en elPeriódico

Patricia Martín / Madrid

El artículo 155 de la Constitución española ha sido, durante años, una disposición ajena a la inmensa mayoría de la población. Solo se blandió una vez, en 1989, por Felipe González, para instar a Canarias a que aplicara las obligaciones fiscales que implicaba la entrada en la UE. Sin embargo, desde que Catalunya enfiló la senda del desafío independentista está en boca de todos y el Gobierno y el PP ya no esconden que está entre las "medidas" con más posibilidades de ser aplicada en Catalunya ante una declaración unilateral de independencia.

¿Pero qué es exactamente el 155, cómo se aplica y qué plazos conlleva?

El objetivo

El artículo 155 se introdujo en el título VIII de la Constitución para que el Gobierno tuviera precisamente un mecanismo para controlar a las Comunidades Autónomas y pudiera forzarlas "cumplir sus obligaciones" o "proteger el interés general".

Su texto es el siguiente:

"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas."

¿Cuándo se puede activar?

Según su redacción, en dos circunstancias: Una, si la comunidad no cumple "las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan" o, en segundo lugar,  en el caso de que actúe "de forma que atente gravemente el interés general de España". Según la interpretación de las autoridades gubernamentales, una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) respondería sin duda a ambos puntos.

¿Cuál es el procedimiento del artículo 155?

En primer lugar, el Gobierno central, previa reunión del Consejo de Ministros, debe enviar un "requerimiento" al presidente de la Comunidad Autónoma -en el caso de Catalunya a Carles Puigdemont- con el que considere tiene un serio conflicto a fin de que cumpla con sus obligaciones o corrija su actitud en pro del interés colectivo. El artículo no establece plazos cerrados, pero algunos expertos constitucionalistas consultados por este diario consideran que el Ejecutivo le tendría que dar, al menos, 24 horas de cortesía para que el interpelado emita respuesta. En todo caso, es decisión exclusiva de La Moncloa marcar ese tiempo. 

Si el jefe de la autonomía, Puigdemont en este supuesto, opta por no deponer su actitud y dar un paso atrás, entonces entraría en juego el Senado, que es la Cámara territorial (en la que esta legislatura los populares cuentan con mayoría absoluta) y la destinada a autorizar al Gobierno a adoptar las "medidas necesarias" para que la comunidad afectada, Catalunya concretamente ahora, vuelva a la senda de la legalidad.

El papel de la Cámara territorial

El artículo 155 no se ha desarrollado nunca, de ahí que persistan muchas dudas sobre su aplicación y qué conlleva. Si bien, el reglamento de la Cámara Alta, en su artículo 189, sí especifica que el Gobierno debe enviar previamente al Senado una propuesta con las medidas concretas que plantea imponer en Catalunya. Dicha propuesta debe ser aprobada en un segundo consejo de ministros antes de llegar a manos de los senadores.

La Mesa de la institución, presidida por Pío García-Escudero, estudiará entonces el escrito, lo admitirá previsiblemente a trámite y lo enviará a la Comisión General de Comunidades Autónomas. Se trata de un órgano en el que están representados senadores de todos los grupos y en el que pueden participar, si lo desean, los gobiernos autonómicos, que pueden ser escuchados, pero no tienen derecho a voto.

Según el reglamento, la Comisión de las autonomías debe solicitar a Puigdemont que haga las alegaciones que considere oportunas -incluso puede darle audiencia-, en un plazo correspondiente. Responda el 'president' o no, se convocará la comisión, habrá un debate y una votación posterior. Y, por último, la propuesta final debe aprobarse en el Pleno. El Gobierno calcula que todos estos trámites requieren al menos de cinco días para la entrada en vigor de forma efectiva y oficial del 155. 

¿Qué medidas se podrían adoptar?

La redacción del artículo 155 de la Constitución española, que se inspira en la ley fundamental de Bonn (Alemania), es tan abierta e imprecisa que existe un debate entre los expertos en Derecho Constitucional sobre qué permite hacer y cuáles son sus límites. Hay acuerdo entre los juristas en que para la "ejecución de las medidas previstas", el Ejecutivo podrá "dar instrucciones" al  responsable de una autonomía. O sea, a Puigdemont.

Pero no está tan claro, a tenor del criterio de esos juristas, que sirva para suspender competencias autonómicas, destituir al Govern, disolver el Parlament y convocar elecciones, como pide, por ejemplo, Ciudadanos. Los efectos de su aplicación, por tanto, solo se conocerán si esta se lleva a cabo.

Para acceder al artículo original, puede presionar en: Artículo 155 de la Constitución: ¿Qué es y cómo se aplicaría en Catalunya?

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